Extremadura contará con médicos para practicar abortos en todos los hospitales

Con diez semanas de gestación a María (nombre ficticio) su ginecólogo particular, que le hacía el seguimiento de su embarazo, le informó de que algo no iba bien. Era su segunda visita desde que se enteró que esperaba a su segundo bebé pero las noticias no fueron buenas. El feto parecía no haber crecido conforme a los cánones establecidos y no se apreciaba latido. «Fue un jarro de agua fría, una nunca se espera que le digan algo así, vas esperando escuchar su corazoncito», recuerda. Le aconsejó dirigirse a un centro hospitalario, con un informe que él mismo redactó, para que le fuera practicado un aborto. Se fue al San Pedro de Alcántara de Cáceres, por Urgencias y, tras realizarle las pruebas oportunas, decidieron intervenirla para extraer el feto. Todo transcurrió con normalidad hasta que salió del quirófano. En la sala donde se recuperaba de la anestesia, uno de los facultativos que la había asistido le espetó: «Me sorprende mucho lo tranquila que está usted». No supo contestarle, pero esas palabras siguieron rondándole la cabeza el tiempo que permaneció en aquella sala. Así que le preguntó a una de las enfermeras que la acompañaba. «Me dijo que aquel médico sospechaba que había ido a abortar de forma voluntaria», cuenta esta extremeña. Y ello, a pesar de que había entregado un informe médico de su ginecólogo de confianza y allí habían comprobado que su embarazo se había interrumpido.

«Un médico te dice que tu bebé es inviable... Y te quedas sola»

La pregunta que le lanzó este ginecólogo no fue en balde. Lo hizo porque, si esta paciente hubiera decidido abortar de forma voluntaria, no habría sido atendida en este hospital de la red del Servicio Extremeño de Salud (SES), sino que habría sido derivada a una clínica privada. Hasta ahora en ningún centro público regional se practican interrupciones de embarazo aludiendo a la objeción de conciencia del personal sanitario. No hay ningún facultativo que se preste a atender a estas mujeres. Tampoco se practican abortos espontáneos, como el que sufrió esta extremeña, si la gestación es superior a las diez semanas; en estos casos también se las deriva a clínicas privadas.

Estas son las claves de la ley del aborto que aprobará hoy el Congreso

Esto es precisamente lo que se pretende evitar con la entrada en vigor, el pasado 2 de marzo, de la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, comúnmente conocida como Ley del aborto, que garantiza que las gestantes que quieran interrumpir su embarazo sean atendidas en un hospital público o, en su defecto, en un centro privado acreditado. La norma regula el derecho al aborto para las mayores de 16 años hasta las 14 semanas de gestación ya sea por problemas de salud del bebé o de la madre o por decisión propia de la mujer; y hasta las 22 semanas por prescripción médica. El SES ha empezado, por tanto, a organizarse para dar cumplimiento a esta nueva ley. De momento, y hasta que consiga concluir esta adaptación, las mujeres siguen siendo derivadas a clínicas privadas. 

Elabora un registro de objetores de conciencia parecido al creado para la eutanasia

Varios meses trabajando

Extremadura contará, tal y como informa el Servicio Extremeño de Salud a este diario, con profesionales en todas las áreas de salud para garantizar este tipo de intervenciones. «El Servicio Extremeño de Salud lleva ya varios meses trabajando para que las interrupciones voluntarias de embarazo por supuestos médicos, como grave riesgo para la madre o anomalías congénitas incompatibles con la vida, se lleven a cabo por los servicios de ginecología de los hospitales públicos. En este sentido, contamos ya con profesionales en casi todas las áreas que llevarán a cabo dicha prestación, una vez realicen la formación correspondiente en hospitales fuera de la comunidad. Ya han iniciado formación en algún área», afirman desde el SES. 

Del mismo modo la región trabaja también en un protocolo para ofrecer la opción de abortos farmacológicos en mujeres en las primeras semanas de embarazo y sin contraindicaciones. Es una alternativa que ya se da a las madres que sufren abortos espontáneos: pueden someterse a una intervención quirúrgica para extraer el feto o expulsarlo de forma natural mediante medicamentos. La primera alternativa se lleva cabo únicamente en un quirófano y la segunda en el propio domicilio, con supervisión médica.

Ha sacado del contrato para externalizar operaciones los abortos, que siempre realizaba una empresa

Al mismo tiempo, el SES está elaborando un registro de objetores de conciencia, como establece también esta nueva ley. «Una vez hagamos el registro, sabremos con cuantos profesionales contamos», informan desde el SES. Cabe destacar que la norma configura este derecho a la objeción de conciencia como «una decisión individual del personal sanitario», es decir, ya no podrán ser objetores los hospitales, sino cada facultativo en particular, que deberá manifestarlo con antelación y por escrito. El que se declare objetor en el sistema público, lo será también en el ejercicio de la profesión en el ámbito privado.

Pero eso sí, este derecho no debe impedir el acceso al sistema sanitario público de cualquier mujer que desee someterse a un aborto. Por eso el SES deberá garantizar que en todo momento y en todas las áreas de salud haya personal autorizado para realizar esta práctica. Además, deberá proteger también al personal no objetor, para que no sea relegado a la realización de abortos. El SES no ofrece una fecha de cuándo comenzarán a realizarse estos abortos en los hospitales pero de momento lo que ha hecho ha sido sacar del programa Paracelso, para externalizar operaciones quirúrgicas, estas intervenciones, que hasta ahora estaban todos privatizados. 

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