El Constitucional, partidario de parar el derribo de Valdecañas

Valdecañas vuelve a ser protagonista en el Tribunal Constitucional (TC). En el pleno señalado para la próxima semana (el que se celebre entre el 20 y el 22 de junio) resolverá mediante auto si admite o no la suspensión del plan de derribo como medida cautelar, hasta que este mismo tribunal decida si el complejo turístico debe mantenerse o no en pie.

Valdecañas espera que el TC frene el plan de derribo de forma cautelar

Esta decisión forma parte del proceso judicial abierto en esta instancia. Para entenderlo, es importante poner en contexto el procedimiento que allí se sigue: el TC admitió a trámite el pasado mes de noviembre el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición al completo del complejo Marina Isla de Valdecañas, presentado por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios de las viviendas y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Este fue un primer paso, en el que no se debatió si quiera la legalidad resort, sino simplemente los magistrados consideraron que había que analizarlo porque presentaba una «especial trascendencia constitucional». Lo hicieron con mucha controversia: se aprobó con seis votos a favor y cinco en contra.

El pronunciamiento sobre si Marina Isla de Valdecañas debe seguir en pie o derribarse, tal y como ordena el Tribunal Supremo, será el siguiente paso. Pero, hasta que esto último ocurra, los recurrentes pidieron al propio Constitucional que paralizase la ejecución de sentencia (el derribo total del complejo) como medida cautelar, hasta que se conozca la sentencia del TC. Esta suspensión es lo que se decidirá en el próximo pleno, incluido en el punto 19 del orden del día. De momento todo parece indicar que será admitido. De ser así, afectaría a todo el resort, tanto a lo que está en funcionamiento (cientos de villas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, piscinas, playa artificial, 76 atraques y pistas polideportivas) como a lo que está a medio ejecutar (un segundo hotel y decenas de chalés), pues la sentencia apelada ordena tirarlo todo.

El mismo ponente

Según las fuentes consultadas por este diario el ponente, Enrique Arnaldo Alcubilla, que fue además el ponente del auto en el que se admitió a trámite el recurso contra el fallo del Supremo, ha mostrado ya su intención de que se suspenda la ejecución de sentencia. Es lo más lógico. En estos casos lo que estudian los magistrados es si existiría un perjuicio irreparable de no admitir esas medidas cautelares. En Valdecañas parece que sí lo habría porque, si no se paraliza el derribo y finalmente el Constitucional decide que es legal, cabe la posibilidad de que cuando se conozca esta resolución ya se haya tirado el complejo o parte de él (el fallo puede llegar a tardar hasta dos años). Y por tanto supondría haber ordenado derribar algo que tenía que haberse dejado como está.

«Si acuerdan no suspender supone que hay que derribar Valdecañas pero entonces ¿qué sentido tiene la sentencia? Si hay que derribarlo, que lo digan en sentencia», apunta el abogado de los ayuntamientos sobre los que se levanta el complejo, Javier Borrego. La misma opinión comparte el letrado de los propietarios, Luis Díaz Ambrona: «Lo previsible es que acuerden que se suspenda, al menos así es como se actúa habitualmente en casos similares», señala. Y lo argumenta: «Si no se suspende la Junta tendría que iniciar la demolición, pero ¿qué pasaría si eso se tira y luego se estima el recurso?».

No afecta al recurso

No obstante, Díaz Ambrona recuerda que esta decisión de parar el derribo no implica que el Tribunal Constitucional vaya después a estimar el recurso. Son dos cosas distintas. Después de esto los magistrados han de volver a reunirse para estudiar a fondo la cuestión. Aunque lo cierto es que lo más probable es que ya tengan una decisión más que formada. Es por eso que podría darse también la posibilidad de que no se admitan las medidas cautelares pues, si tienen claro que no se va a estimar la apelación, es decir, que Valdecañas es ilegal y se tiene que derribar, pude que decidan que se siga adelante con el derribo. Pero esto es algo bastante inusual.

Han pasado casi siete meses desde que se solicitaran las medidas cautelares. Y en todo este tiempo también ha habido novedades: por un lado la Junta de Extremadura ha aprobado la Ley Zepa, con la que ha pretendido blindar la parte que está en funcionamiento, ley que acabará previsiblemente también en el Constitucional por las dudas que persisten sobre su legalidad. Y un nuevo revés judicial: el Supremo rechazó los recursos presentados al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el plan de derribo ordenado por el Supremo. La historia sigue. 

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