La empresa de la mina pedirá la explotación del yacimiento de Cáceres antes de marzo

Extremadura New Energies pedirá antes de marzo el pase a concesión de explotación del permiso de exploración de los recursos mineros que el Servicio de Ordenación Industrial y Minera de la Junta concedió el pasado 28 de marzo. De esta solicitud depende la decisión de la Junta de autorizar o denegar la extracción de litio de Valdeflores.

La previsión inicial de la empresa era que el pase a concesión de explotación se pidiese antes de finales del pasado año, pero "el proceso se ha prolongado más tiempo del previsto", explicó este jueves el Ceo de la empresa, Ramón Jiménez, que confió en que la solicitud esté "en unas semanas", "se está acabando de integrar en la documentación todos los datos técnicos", detalló.

Por ahora la empresa ya ha presentado parte de los resultados de los trabajos de exploración que se han realizado en la zona del yacimiento, estos datos "ratifican que existe el litio y que está presente en las proporciones que decíamos", aseguró Jiménez. Falta otra parte de los resultados que se corresponden con las labores finales de exploración y que "constatarán que existe el recurso" minero.

El permiso de exploración se concedió a la empresa Castilla Mining, que tiene la misma sociedad matriz que Extremadura New Energies, para la investigación de la presencia de una serie de minerales, especialmente del litio, que es el que interesa a la empresa, también se autorizó la exploración de otros como el estaño, wolframio, boro y tierras raras.

Una vez que como resultado de la exploración, la Junta, administración competente en Minas, confirme la presencia de litio se pasará a la siguiente fase, que es la decisión sobre si se concede o no la explotación. Con la presentación en unas semanas de los últimos resultados de la exploración, la empresa también entregará los documentos para lograr la autorización para extraer el mineral. Estos son el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental, el plan de restauración y el proyecto de viabilidad.

Jiménez detalló que se está revisando cada paso y trámite para que no se repita lo ocurrido en 2019, cuando la Junta anuló el primer permiso de investigación que logró la compañía, una autorización que fue la base para la primera vez que pidió la explotación del yacimiento. Ese permiso se anuló porque no se había cumplido con uno de los trámites de la información pública del documento.

Cuando se haya pedido el paso a concesión de explotación, la Junta, competente en Minas y Medio Ambiente, tendrá que pedir los informes sectoriales de otras administraciones, uno de ellos del ayuntamiento, y exponer toda la documentación a información pública para la presentación de alegaciones.

La empresa optó por el camino del permiso de exploración, que está regulado en la ley de minas y en el reglamento que la desarrolla, después de que los tribunales tumbasen sus reclamaciones por la denegación por parte de la Junta de la vía de la autorización de investigación la segunda vez que se pidió.

El permiso de exploración ha permitido a la empresa efectuar estudios y reconocimientos de la zona del yacimiento con la aplicación de técnicas que no alterasen sustancialmente la configuración del terreno -no se han podido hacer sondeos y calicatas, las sentencias dictadas en este procedimiento los consideran una actividad extractiva que imposibilita el ordenamiento urbanístico, además la empresa aseguró que ya no tenía que hacerlos porque, según explicó, ya contaba con datos sobre la certeza del yacimiento cuando realizó sondeos durante la etapa, el año 2017 y los primeros meses de 2018, en la que tuvo concedido el primer permiso de investigación-.

La concesión del permiso de exploración otorga prioridad en las concesiones de explotación, que es el paso que ahora dará la empresa, que tendrá que presentar el estudio de factibilidad, el proyecto de aprovechamiento del recurso, un plan de explotación, además de otros documentos para garantizar la protección del medio ambiente, entre estos un estudio de impacto ambiental. También se deberá aportar un estudio económico de financiación y garantías sobre la viabilidad de la actuación.

La información aportada por la empresa se someterá a información pública para que se puedan presentar alegaciones por los interesados, recoger los informes sectoriales, además del que tendrá que elaborar el ayuntamiento, y una declaración de impacto ambiental para conformar todo el expediente antes de emitir la resolución con la concesión o la denegación del permiso de explotación.

Antes de presentar la concesión de explotación, la empresa ya recibió de la Junta el documento de alcance con indicaciones para la redacción de su estudio de impacto ambiental y también cuenta con el informe del ayuntamiento de no incompatibilidad con el plan general de urbanismo. 

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