El Gobierno recurre el decreto que blinda el litio extremeño: las minas son propiedad estatal

Era la crónica de una muerte anunciada. El Gobierno central va a recurrir al Tribunal Constitucional el decreto-ley que blinda el litio y que obliga a que todo el mineral extraído en Extremadura se procese aquí. Fue el anuncio estrella de Guillermo Fernández Vara en su último Debate sobre el Estado de la Región y tanto los grupos políticos como los juristas habían alertado ya de sus visos de inconstitucionalidad: una suerte de proteccionismo autonómico que choca con la ley nacional de minas, el derecho internacional y los principios básicos de constitución de la Unión Europea.

La norma se aprobó a finales de agosto de 2022 y en diciembre el Gobierno central trasladó sus discrepancias a la Junta de Extremadura. Se abrió entonces un periodo de negociación de seis meses, pero según fuentes estatales el entendimiento no ha sido posible "pese a las diferentes propuestas planteadas desde el Ministerio de Política Territorial". Así, finalmente el Consejo de Ministros dio este martes luz verde a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Junta de Extremadura podrá declarar las minas de litio proyectos de interés regional

El decreto-ley vincula cualquier concesión de explotación minera de litio en Extremadura (cuenta con las mayores reservas de este mineral en Europa) a que el tratamiento y beneficio industrial se realice también en la región, al declararse su aprovechamiento de interés general. Esto asegura el abastecimiento a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y además, implica que todas las demás fábricas de baterías que quieran utilizar el litio extremeño solo puedan instalarse aquí.

Propiedad estatal

En sus argumentos, el Ministerio de Política Territorial alega que las minas se configuran como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural que pertenece "en todo caso al Estado", al formar parte de la riqueza nacional. "La supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad", defiende el Ejecutivo.

Además, afirma que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una "vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia".

Y añade que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato. "Todo ello podría además vulnerar la normativa europea", agrega.

Tras las dudas acerca de la legalidad del decreto-ley, la Junta de Extremadura siempre se ha justificado en que las competencias de autorización minera "son de la comunidad autónoma". Reconoce que la explotación sí depende de los leyes nacionales, pero ambas preconstitucionales (una ley de 1973 y un real decreto complementario de 1978) y que en última instancia, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura dice que "el desarrollo económico y social de la comunidad dentro de los objetivos de la política económica nacional es competencia exclusiva de la Junta de Extremadura".

"Aprobamos la ley absolutamente convencidos de que esto iba a pasar, pero también estamos absolutamente convencidos de que tenemos la razón", dijo el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, cuando el Gobierno manifestó sus discrepancias. De momento, el Ejecutivo extremeño no se pronuncia sobre la presentación del recurso.

No afecta a la mina de Cáceres

Unos meses antes de que Fernández Vara aprobase esta norma, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le preguntó en el Pleno de la Asambleas si existía algún pacto oculto con la gigafactoría de Navalmoral para que se abasteciera con el litio de la mina de Cáceres, pero el presidente negó la mayor. Y ahora, ha sido la propia Extremadura New Energies, promotora del proyecto de la mina cacereña, la que asegura que no se verá afectada por la posible inconstitucionalidad del decreto que blinda el litio.

En un comunicado, el CEO de esta empresa, Ramón Jiménez, ha respondido así al acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional este decreto y ha reiterado que pese a la decisión judicial, en su caso "siempre" han considerado llevar a cabo en Extremadura todo el proceso de transformación del litio. Tanto la extracción como el procesamiento y la planta asociada estarán al lado de la mina, por lo que el proyecto "va a estar siempre dentro del terreno de Extremadura", ha reiterado.

Suscríbete para seguir leyendo