Las viviendas de alquiler asequible de la Junta de Extremadura esperan la licencia de obras

Los primeros 212 pisos se construirán en parcelas de Mérida, Cáceres y Badajoz. La empresa Plalyso, adjudicataria en los tres casos, será la encargada de gestionar los alquileres y constituir la bolsa de inquilinos

Vista de la urbanización Casa Plata, en Cáceres.

Vista de la urbanización Casa Plata, en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Las viviendas del plan de alquiler asequible de la Junta de Extremadura no estarán listas antes de 2026. La construcción de los primeros pisos en Badajoz, Cáceres y Mérida se adjudicó el pasado diciembre a la empresa Plalyso y según confirman fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en estos momentos se están tramitando las licencias municipales. «Las obras comenzarán por tanto en los próximos meses», se indica desde el departamento que dirige Manuel Martín. 

Aún sin fecha concreta de inicio, se confirma así la continuidad de este nuevo programa de vivienda que se puso en marcha a finales de la pasada legislatura y que va destinado fundamentalmente a los jóvenes. Con estas primeras licitaciones, todas adjudicadas a la empresa Plalyso S.L. (tiene sede en Lobón) se pretenden construir 80 viviendas en Badajoz (40 en Cuartón Cortijo y otras 40 en la Ronda Norte), 87 en Cáceres (zona de Casa Plata) y 45 en el barrio La Calzada de Mérida. En esta primera fase también se incluía el municipio de Montijo con la construcción de 16 viviendas en la calle Bécquer, pero en este caso el contrato quedó desierto. 

Colaboración público-privada

Los ayuntamientos que se adhieren a la iniciativa ceden una parcela de suelo urbanizable a la Junta de Extremadura, que después licita la construcción de las viviendas y su explotación en régimen de alquiler durante 50 años.

Para un piso de 90 metros cuadrados la renta mensual sería de unos 477 euros, frente a los 522 de media en el mercado libre

El Ejecutivo autonómico mantiene la propiedad de los pisos, pero es una empresa adjudicataria (en este caso Plalyso) la encargada no solo de su construcción, sino también de poner las viviendas en alquiler y gestionar la bolsa de inquilinos en lista de espera. Como compensación, la empresa recibirá un canon de 700 euros por metro cuadrado útil de vivienda, hasta un máximo de 50.000 euros, y los derechos de superficie de alquiler durante los 50 años que abarca la cesión del suelo. Pasado ese tiempo, los terrenos y las viviendas vuelven a ser automáticamente propiedad municipal. 

Con una inversión total de 17 millones de euros, el objetivo inicial de este programa era llegar a construir hasta 350 pisos con la participación de todos los municipios de más de 8.000 habitantes, a los que la Junta ya realizó la petición de suelo urbano finalista. Uno de los últimos en sumarse ha sido el de Almendralejo, cuyo convenio se formalizó el pasado diciembre: contempla la construcción de 20 viviendas en la zona de San Roque con una inversión prevista de 1,4 millones de euros. Ya salió a licitación y este martes termina el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas. 

Para los jóvenes

Una de las principales novedades de este programa es la colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda, ya que será la empresa adjudicataria la que se encargue de gestionar el alquiler de los pisos y, en su caso, las listas de espera. 

Eso sí, hay que dejar claro que no se trata de viviendas sociales destinadas a familias con necesidades económicas, sino pisos que buscan facilitar el acceso a la vivienda fundamentalmente a los jóvenes. Así, para el alquiler se establecen unos precios máximos en base a la normativa autonómica de vivienda protegida: 5,31 euros por metro cuadrado útil de vivienda para rentas de hasta 5,5 veces el IPREM o un máximo de 7,85 veces el IPREM para familias numerosas y personas con discapacidad. De esta forma, para un piso de 90 metros la renta mensual sería de unos 477 euros, frente a los 522 de media en el mercado libre.

En el caso de que el licitador proponga el modelo de ‘cohousing’, es decir, alojamientos temporales u otras modalidades similares, la ayuda máxima por metro cuadrado de superficie útil será de 420 euros por vivienda, hasta un máximo de 20.000 euros.

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