El concurso de la basura, suspendido

El Ayuntamiento de Pontevedra, ciudad con una población que en número se acerca a la de Cáceres, tuvo que suspender en enero el concurso para adjudicar la gestión de la recogida de basura y la limpieza viaria. Fue por dos recursos, uno de Moda Re, cooperativa promovida por Cáritas para proyectos textiles. En febrero se reanudó el concurso, pero hubo que cambiar los pliegos y sacar la recogida de textiles. El recurso administrativo de Cáritas había prosperado. El contrato, con un coste anual superior a los 11 millones, volvió a salir a licitación en mayo. 

En Cáceres se está dando una situación parecida y se ha convertido en uno de los primeros frentes a los que debe atender el nuevo gobierno local. ¿Por qué es importante? Por su coste y por ser, junto al agua, el principal servicio que presta el ayuntamiento. La recogida de la basura y la limpieza tiene un coste de 8,8 millones en un presupuesto, el del ayuntamiento, que es de 75 millones. Y aquí no está todo, el tratamiento de los residuos, en el ecoparque, tiene un contrato diferenciado.

El servicio siempre es público, pero la gestión es indirecta, se recurre a una empresa a la que se paga por prestar todo el servicio con cargo a los presupuestos del consistorio (los motivos de este modo de prestación del servicio serían demasiado extensos para explicarlo en este espacio). El contrato en vigor, que en 2006 se adjudicó a Conyser, que también ganó el contrato anterior, venció en junio de 2021, desde entonces está prorrogado para garantizar que se recoge la basura y se limpian las calles.

El ayuntamiento, tras más de dos años de trámites y de estudios de costes -para los que se contó con las principales empresas del sector-, sacó por fin la licitación el pasado 1 de junio. En el nuevo contrato, el coste anual superaría los 10 millones, de los que 9,5 salen del ayuntamiento y de la tasa que pagan los ciudadanos y el otro medio millón de los convenios con Ecoembes y Ecovidrio. El importe global del contrato para once años de concesión es de 111,4 millones (IVA incluido), de los que 105 salen de las arcas locales. Pero el valor estimado del contrato, calculando que puede ser modificado hasta un 20%, se cifra en 121 millones (133 con el IVA).

Este viernes se ha suspendido el procedimiento de licitación del contrato. No el plazo para la presentación de ofertas, que se mantiene hasta el 5 de julio. Lo ha ordenado la Comisión Jurídica de Extremadura (órgano que resuelve diferencias administrativas y evita que todo se judicialice) al aceptar la tramitación del recurso de Cáritas. La suspensión es hasta que la comisión resuelva sobre el recurso.

Lo que pide Cáritas es que los pliegos del concurso de Cáceres se ajusten a una de las disposiciones de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En concreto a la obligación de que la recogida de textiles se tenga que licitar de manera preferente a través de concesiones reservadas (no todo, pero sí al menos el 50%) con empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

El ayuntamiento ya explicó, incluso antes del recurso, por qué no hacía un concurso por lotes y sin separar la recogida de textil. No lo hacía, entre otros motivos, por operatividad y no tener a varias empresas para servicios parecidos, además de que el textil no llega al 0,5% del total de residuos y de que Cáritas (Remudarte) ya cuenta con treinta contenedores en la ciudad en suelo privado.

Un contrato de 121 millones está ahora en manos de la Comisión Jurídica y es de esperar que el retraso solo sea de semanas o meses y, por supuesto, que no pase como al final ocurrió en Pontevedra: el concurso, después de todo, quedó desierto.

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