Planes de acoso, igualdad o denuncias, la batería de nuevas normas que abruma a las pymes cacereñas

Registro Retributivo Anual, regulación del trabajo a distancia, Desconexión Digital del Trabajador, Plan de Igualdad de Género, Plan de Igualdad LGTBI, Plan de Acoso Laboral, cambios en las cotizaciones de los autónomos... El parón de las elecciones dejó en el armario algunas normas que entre 2023 y 2024 serán obligatorias, según detallan desde Le Morne Brabant Abogados, y suponen un antes y un después respecto a las novedades legislativas relacionadas con las empresas. Hay muchos deberes que hacer. Algunas se aplican en principio a los negocios de mayor tamaño, pero resulta evidente que tarde o temprano llegarán al resto. Otras ya se exigen a las pymes. En Cáceres, una provincia con un tejido dominado de forma abrumadora por micropymes (9 de cada 10 empresas extremeñas tienen cuatro empleados o menos, y de ellas, 6 de cada 10 ni siquiera tienen uno), la adopción de semejante batería de normas cuesta, y ello por varios motivos.

«Nosotros, con carácter general, estamos muy de acuerdo con las medidas que pueden mejorar el bienestar y la situación del trabajador, y por tanto, teóricamente, también la productividad, y eso al final beneficia a todos. ¿Cómo no vamos a posicionarnos absolutamente de acuerdo con un plan de promoción de la igualdad? Ahora bien, nunca existe una contraprestación a todas estas obligaciones, que la empresa debe asumir por completo con su dinero y con sus horas de trabajo, porque el Plan de Igualdad vale dinero, lo mismo que el Canal de Denuncias», explica Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Industria de Cáceres. «A la empresa siempre le toca asumir las medidas sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera en los trámites», recuerda.

Desde la Federación Empresarial Cacereña (FEC) coinciden en los argumentos: «Por lo general, ser empresario en este país se ha convertido en una aventura: con tantas cuestiones administrativas, cada vez le queda menos tiempo para dedicarse profesionalmente al negocio, para ganar el dinero que exigen todos estos trámites», lamenta Pedro Rosado, secretario general. «El empresario ya hace mil tareas --sostiene--, es un recaudador de impuestos, de IVA e IRPF, es recaudador de las cuotas de la Seguridad Social, es recaudador de los embargos de sus empleados (deudas, multas, pensiones de manutención de los hijos)…». Además, insiste Rosado, «la empresa también actúa como un sistema de protección social», al aportar el 40% de la baja de un empleado por enfermedad común o accidente fuera del trabajo, «ni siquiera profesional», y además sigue cotizando por él. En definitiva, «ya no puede absorber más responsabilidades».

Nada a cambio

Y luego, paradójicamente, «sube el Salario Mínimo Interprofesional, sube la cotización a la Seguridad Social y sube el IRPF sin contar con las empresas, que además han visto encarecerse sus costes de producción». Y ello, apostilla el secretario general de la Cámara de Cáceres, «sin ningún tipo de bonificación..., nada».

Misma opinión que ofrecen desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA). «Vemos bien este tipo de medidas que favorecen el bienestar del trabajador, pero no podemos olvidar que una empresa tiene que seguir creciendo para poder hacer frente a salarios, materias primas, y también para financiar dichos trámites. Si podemos abonarlos, estupendo, somos los primeros dispuestos a desarrollar estas normativas, pero habría que cuestionarse si ahora mismo un negocio puede afrontar todos esos gastos», comenta Diego Hernández, vicepresidente del colectivo, que aglutina más de una docena de agrupaciones sectoriales.

«Nosotros somos muy sensibles a los avances sociales en todos los sentidos, nadie se va a oponer a ello», argumenta Hernández, «pero echamos de menos que se apliquen también políticas de crecimiento empresarial, que haya un camino a la inversa, que se fomente el empuje al tejido productivo, que al fin y al cabo es el que debe sostener la implantación de esas medidas».

Sin capacidad para extras

Algunas de estas normas han comenzado por aplicarse a los negocios de mayor tamaño para ir desescalando en el futuro. Otras son de aplicación general. «Lamentablemente, en la provincia cacereña no tenemos grandes empresas, salvo excepciones. La mayoría son pequeños negocios, micropymes y autónomos que se esfuerzan muchísimo para mantenerse cada día en el mercado, sin capacidad para asumir tal cantidad extra de trabajo y de costes, llegado el momento», precisa Diego Hernández.

De hecho, desde la Cámara de Cáceres llevan tiempo demandando un régimen diferenciado para Extremadura, «tanto en materia fiscal como para este tipo de cuestiones», que permita paliar las diferencias acumuladas por la carencia crónica de infraestructuras y de ayudas, que sí recibieron otras comunidades. «Ahora, al aplicar estas leyes, se hace tábula rasa, cuando la idiosincrasia de nuestro tejido empresarial no tiene que ver nada con la de otras regiones. No parece lógico que debamos asumir las mismas medidas, hay costes que no se pueden cubrir», plantea Raúl Iglesias.

Activación de un Plan de Igualdad

En la FEC conocen con detalle lo que suponen todas estas exigencias, porque precisamente es la representación patronal que negocia los convenios colectivos de la provincia, y además ofrece servicios directos a los negocios para facilitarles el cumplimiento de las nuevas normas. Por ejemplo el Plan de Igualdad, obligatorio desde el año pasado en empresas de más de 50 empleado para promover las mismas oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. «Hicimos una campaña y las empresas asociadas lo tienen al día. Su elaboración exige un estudio de las estructuras laborales de cada firma, la creación de un comité de igualdad, una comisión de seguimiento, un registro en oficina pública...», detalla Pedro Rosado.

La Cámara puede hablar por experiencia propia. No llega a los 50 trabajadores, pero la autoridad laboral ya recomienda tener un Plan de Igualdad (muy aconsejable por ejemplo si se quiere concurrir a una licitación pública). «Somos en realidad una empresa pequeña, con una treintena de empleados, que hemos tenido que abonar a una consultora más de 2.000 € y dedicar a un trabajador a recabar todos los datos necesarios», explica Raúl Iglesias.

Tras un año de trabajo, la Cámara lo ha registrado, ha subsanado varias observaciones de la Inspección y ya tiene un Plan de Igualdad de un centenar de folios. «Ahora hay que poner en marcha diversas acciones y revisarlo cada año, lo que supondrá unos 300 euros. ¿Cómo pueden las empresas destinar este dinero, tiempo y personal? ¿Por qué las administraciones no financian una parte, o facilitan recursos públicos, o ponen una oficina donde hacerlo?», inquiere Raúl Iglesias.

Plan LGTBI para la no discriminación

La ley también contempla la eliminación de toda forma de discriminación en las empresas, incorporando un Plan de Igualdad LGTBI antes de marzo de 2024 en los negocios con más de 50 empleados, según la Ley Trans. Incluirá cláusulas de promoción de la diversidad y de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas de este colectivo, así como cauces para las denuncias. El incumplimiento supondrá sanciones de hasta 150.000 €.

«En realidad forma parte del Plan de Igualdad, porque la ley dice que los convenios colectivos incluirán cláusulas contra cualquier discriminación. Ya lo estamos haciendo en los convenios que nosotros firmamos», subraya Pedro Rosado. Respecto al distintivo que tendrán los negocios que promuevan políticas de igualdad LGTBI, desde la FEC explican que todavía no se ha desarrollado.

Plan de Acoso Laboral en todos los negocios

Independientemente de su número de empleados, Le Morne Brabant Abogados recuerda que todas las empresas tienen que implementar un Plan de Acoso Laboral. Incluye mecanismos de protección y denuncia para evitar y erradicar situaciones de acoso o mobbing en la empresa, ya sea acoso moral, sexual, por razón de sexo, trato degradante, hostil o humillante, violencia física… También establece sanciones.

La FEC ofrece modelos de protocolos colgados en su página web, tanto para los negocios con Plan de Igualdad (ya tienen varias medidas desarrolladas), como para los que carecen del mismo.

Canal de Denuncias

Esta herramienta permite que los miembros de una empresa puedan denunciar, de manera anónima y confidencial, cualquier infracción o comportamiento irregular. Desde el pasado diciembre es obligatoria para negocios de más de 50 empleados, pero también para los dedicados a productos financieros, seguridad en el transporte, o al ámbito deportivo, de ocio o educativo con menores.

Volvemos al mismo caso: los negocios tienen que contratar a una entidad independiente que recoja las quejas que puedan recibir. Esa entidad las investigará y decidirá si hay que denunciar o archivar, según el caso. Un servicio que otra vez debe pagar el empresariado de su bolsillo (la FEC ya lo ofrece a sus socios). «Las empresas deben tener ese canal de denuncias incorporado a su propia web con un enlace abierto a todos. Hablamos de otros 700 euros y más tiempo destinado a trámites, además de una cuota mensual. Todo son cargas y cargas», reiteran desde la Cámara.

Registro contra la brecha de género

Las empresas de cualquier tamaño deberán presentar un Registro Retributivo Anual (al que tendrán acceso todos los trabajadores), que exponga los valores medios de salarios (incluidos directivos), complementos y retribuciones de la plantilla, desglosados por sexo, categoría profesional y puestos de trabajo. Pretende detectar si existe desigualdad entre hombres y mujeres, para paliar la brecha salarial. La web de la FEC ya informa de cómo hacerlo a las empresas cacereñas, y se pone a su disposición para facilitarlo.

Regulación del trabajo a distancia

Los convenios colectivos ya están incorporando los principios en los que debe asentarse el trabajo a distancia (o teletrabajo, si se realiza mediante dispositivos informáticos). Para considerarse así, debe abarcar como mínimo un 30 % de la jornada laboral en un periodo de tres meses. Está regulado por la Ley de Trabajo a Distancia (2021), que recoge los derechos de empleados y empresas, los gastos y las sanciones.

«Lo estamos introduciendo en los convenios, dentro del diálogo social, si bien no tiene sentido en todos los sectores. Extremadura no registra muchas empresas con teletrabajo, pero las hay, por eso, mediante la negociación colectiva, se están ajustando a la Ley 10/2021, de 9 de julio», indica la FEC. 

Desconexión Digital del Trabajador

Por el mismo cauce se va introduciendo, además, el protocolo de Desconexión Digital del Trabajador. Aunque no existe una ley como tal, hay distintas normativas, comenzando por el Estatuto de los Trabajadores, que recogen las líneas básicas de este derecho cada vez más reclamado. Muchos convenios empiezan a establecer la necesidad de que se respete el tiempo de descanso, sin que lleguen whatsApp ni llamadas ni correos electrónicos, salvo lo estipulado con la propia empresa a través de pluses o nóminas especiales. Hasta 7.000 € pueden pagar las firmas que no dispongan de un protocolo al respecto. «Aquí, la ley principal siempre es el sentido común», afirma Pedro Rosado desde la FEC.

Cambian las cuotas de los autónomos

Por último, las bases de cotización de los autónomos a la Seguridad Social han registrado cambios en algunos tramos de rendimientos netos desde el 1 de enero de 2024, siguiendo así con las adaptaciones iniciadas en 2023, que concluirán en 2029.

Los que cotizan dentro de la tabla reducida, en los tres tramos inferiores, verán una reducción. La cuota mínima baja a 225 €/mes para una base mínima de 735 €. «A efectos prácticos no parece ventajoso porque esto implica una reducción de la cotización. Por ejemplo, en caso de caer enfermo, tendrían una prestación de unos 400 euros», indican desde la FEC. Por eso, «en realidad afecta a pocos autónomos, normalmente se cubren más las espaldas», informa la Cámara.

De hecho, todos los que obtengan unos rendimientos superiores a 1.700 €/mes y coticen por la base mínima, verán cómo se incrementa su cuota. La máxima será de 530 €/mes para una base mínima de 1.732 €.

Estos cambios no se percibirán al instante. Las nuevas tablas de 2024 serán las que use la Seguridad Social para regularizar la cuota de cada autónomo según sus ingresos, una vez presentadas las declaraciones de Renta. 

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