La imposibilidad de reformar la muralla

Pocas obras o proyectos han presentado tantos inconvenientes con recursos, reclamaciones o peticiones de resolución de contratos adjudicados por el ayuntamiento. No es que no se pueda reformar la muralla (es necesario, técnicamente es posible, el coste es asumible y el tramo no es muy largo, va de las torres del Aver a Redonda), pero es que parece imposible porque cada decisión que se toma finaliza en un litigio que ha complicado el inicio de la obra y ahora hace difícil que se pueda reanudar.

La reforma de la muralla se enfrenta a más retrasos si la empresa recurre

La primera desavenencia surge con la adjudicación de la redacción del proyecto de la reforma. En febrero de 2021, la mesa de contratación del ayuntamiento propuso adjudicarlo a la Ute Yamur Arquitectura y Arqueología y Miguel Matas y María Matas. Pero la decisión fue recurrida ante la Comisión Jurídica de Extremadura (tribunal administrativo), que aceptó la reclamación de otra unión temporal de empresas, la formada por Bestué-Cañones-Carmonita-Panta, que al final fue la que resultó adjudicataria. El contrato no se pudo formalizar hasta julio de 2021.

En junio de 2022 salió a licitación la reforma por 1,2 millones y se adjudicó en agosto de ese año a la empresa Cabero Edificaciones por poco más de un millón. El proceso se tramitó con rapidez y sin recursos administrativos por parte de los licitadores. 

Pero un mes después el Ministerio de Movilidad reclamó al ayuntamiento que le devolviese la subvención de 844.000 euros que ponía para financiar la mayor parte de la obra. Lo justificó al asegurar que se había introducido una modificación sustancial en el proyecto inicial para reformar el tramo. La corporación local cacereña respondió que los cambios eran menores y por razones de interés patrimonial al ser consideraciones surgidas en el seno de la Comisión Provincial de Patrimonio, el órgano competente en velar por la preservación de la muralla. Eran cambios obligados por un órgano cuyas puntualizaciones son vinculantes.

 Esa modificación, según argumentó el ayuntamiento, solo afectaba a la textura de piedra del muro pantalla que debía ocultar las escaleras de acceso al nuevo tramo de muralla transitable en el adarve del padre Rosalío -la zona aparece en la foto-. Pero para el ministerio no solo se había cambiado la textura de la piedra, sino que también se eliminó uno de los dos ascensores proyectados, se montó una nueva escalera de perfiles tubulares de acero y hubo variaciones en el tipo y material de pavimentos, barandillas, losas y solados de hormigón. Ahora es la Audiencia Nacional la que tiene que decidir sobre el recurso que presentó el ayuntamiento contra la retirada de la ayuda económica del ministerio.

A lo anterior se sumó que en julio de este año se conoció que Marina Abogados, despacho al que había contratado el ayuntamiento su defensa en el litigio ante la Audiencia, había pedido la resolución del contrato, argumentó demora en el pago de la primera factura, aduciendo que el ayuntamiento tardó más de seis meses. La respuesta de la corporación local fue que esa demora fue de menos de dos meses, por lo que la ruptura del contrato no estaba justificada. 

La Audiencia Nacional decidirá quién paga la reforma de la muralla

Ese mismo julio, el ayuntamiento informó a Cabero de que podía reiniciar los trabajos, pero la empresa le contestó que quería resolver el contrato y lo argumentó en retrasos en pagos, falta de autorizaciones y no cumplirse la legislación, además anunció que presentaría una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. El ayuntamiento no ha aceptado ninguna de sus reclamaciones y ha contestado todas las alegaciones de la empresa, además no se contempla una revisión de precios de la adjudicación, salvo que se tuviese que convocar un nuevo concurso. Ahora no se sabe cuándo se podrá reanudar una obra parada desde el 20 de enero. 

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